Es lamentable que en esta Región de Tarapacá, así como en las regiones fronterizas de la Macro zona Norte, tales como Arica – Parinacota y Antofagasta, los funcionarios públicos encargados de Aduana, Policia de Investigaciones, Salud, SAG y de Fonteras, aún desconoscan los alcances de la Ley 19.799, SOBRE DOCUMENTOS ELECTRONICOS, FIRMA ELECTRONICA Y SERVICIOS DE CERTIFICACION DE DICHA FIRMA. promulgada en abril de 2002.
Y esto es patente cuando, al salir por los puestos fronterizos habilitados por Ley, a dichos funcionarios les cueste aceptar o derechamente se nieguen a recibir documentos con firmas electrónicas avanzadas, firmadas por ministros de fé públicos como notarios, instituciones publicas, etc.
Y lo más triste es que, al presentarse con documentación electrónica vigente y en regla, funcionarios de distintas reparticiones exijan la «documentación en papel» o «con copia» cuando no hay ningun cartel visible ni ninguna obligacion de ciudadanos nacionales o extranjeros de exhibir dicha documentación, ya que la ley de firma electrónica indica claramente que «Los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que los mismos consten de ese modo, y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias jurídicas cuando constan igualmente por escrito».
Esto a provocado que miles de personas, tanto nacionales o extranjeras, queden con tramites inconclusos en las fronteras, teniendo que realizar gastos extras que no corresponden o queden en el «limbo» legal para poder cruzar de manera personal o con mercaderías, siendo que cuentan con toda la documentación en regla pero firmada digitalmente.
Es por esto que, queremos informar a nuestra audiencia que un grupo de abogados de la región de Tarapacá, está iniciando el proceso de denuncia ante la Contraloria General de la República, para exigir que los servicios públicos fronterizos y sus funcionarios aprendan los alcances de la Ley y dejen de ignorarla olimpicamente.
Es de esperar que este esfuerzo realizado por los letrados de la Región, llegue a buen puerto y por fin tengamos un cuerpo funcionariocapacitado y que respete las disposiciones legales de nuestro país.